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Soy consciente que, desde que asumí la presidencia de Cepyme Alicante, algunos han recogido mis palabras con cierto escepticismo. Desde el primer momento he abogado por la independencia y autofinanciación de los agentes sociales. Siempre he estado convencido de que sostenerse económicamente por vía de las encomiendas que los partidos políticos en el poder se han empeñado en realizar, resta libertad, independencia y capacidad de obra y maniobra tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales. 

Cada vez veo con mayor claridad este concepto. A día de hoy, después de haberlo meditado, es el momento de exponer las distintas opciones que serian viables para obtener una financiación propia y evitar las injerencias políticas de los agentes sociales. Posibilidades a considerar y valorar y que, llevadas a la práctica, representarían la auténtica independencia de estos organismos, garantizando la pluralidad de los mismos en el ámbito social, como respuesta de los intereses de trabajadores y empresarios.

La primera de ellas y para mi fundamental, se produciría mediante la representación en la negociación colectiva, donde los agentes sociales percibirían una cantidad en función de diversas variables que van desde el número de trabajadores y empresas que efectivamente representan a la afiliación a un determinado convenio;  de tal forma que, las empresas por una parte y los trabajadores por otra, sean los que provoquen el sostenimiento económico de los agentes sociales, por el encargo implícito de representarles en la negociación colectiva.   Se encuentren afiliados o asociados o no.  Además, el funcionamiento sería mejor puesto que, cuando alguien paga por un servicio, exige la efectividad de éste. El resultado esperado a cambio de la cantidad pactada mejoraría obligatoriamente la implicación de los representantes de ambas partes.   

En segundo lugar, cada organización debe prestar servicios directos a las empresas o trabajadores afiliados, que se pueden ofrecer desde las organizaciones en que se encuentran:

-  Desarrollo de centrales de compras para incrementar el poder de negociación de las PYMES, al aunar su potencial de adquisición de bienes y servicios.

- Defensa jurídica de las PYMES en aquellas cuestiones en las que la unidad permite reclamaciones globales contra los grandes abusos de las corporaciones “gigantes” (telefonía y comunicaciones, banca, aseguradoras, suministradoras de servicios y abastecimientos de aguas, electricidad y gas, etc..).

- Participación activa en la internacionalización de las PYMES, a cambio de una parte del rendimiento obtenido fuera de los mercados interiores.   Multitud de pequeñas y medianas empresas no salen al exterior porque no tienen posibilidades de éxito si solas, mientras que un servicio que se retribuyese según el éxito obtenido, tendría una excelente acogida entre las empresas de reducida dimensión, pero que son atractivos e innovadores en otros mercados.   

- Formación especializada, aunque no por medio de la creación de estructuras propias, sino con la contratación de centros y expertos independientes y externos que, mediante el outsourcing de las necesidades, permitan obtener un margen que contribuya a la financiación, sin necesidad de recurrir a vías externas. Es evidente que las aportaciones para la formación, que las empresas y trabajadores hacen, no deben canalizarse por la administración publica, sino mediante la aportación a los agentes sociales que, a su vez, deberán tener responsabilidad tanto civil como penal de la gestión de los recursos administrados.  

Está claro que estos encargos no pueden ser opciones a determinar desde la administración pública/política, sino con mandatos legalmente establecidos por Ley, que impedirán que las opciones políticas puedan variar, a su antojo, las aportaciones que perciben los agentes sociales. En particular la retribución por la negociación colectiva de convenios laborales. A partir del momento en que este tipo de medidas sean una realidad, tendremos organizaciones empresariales y sindicales verdaderamente motivadas e involucradas con el mandato constitucional que les impone el artículo 7 de la Constitución Española y que el actual sistema de sostenimiento económico les impide llevar a cabo con éxito.     Acaso pensamos que las encomiendas que el art. 6 de la C.E. hace a los partidos políticos puede hacerse sin financiación, al albedrío de las aportaciones voluntarias, evidentemente no.       Que el cambio en materia de financiación de agentes sociales es una necesidad imperiosa es evidente, de otra forma los resultados ¡a la vista están!

Cristóbal Navarro.